por Hernando Calla**
Circula en
las redes sociales un video del economista Gonzalo Colque dando cuenta de un
“pacto roto” entre Rodrigo Paz y los que votaron por él de los sectores campesinos
y populares del altiplano y otras regiones de Bolivia. Seguramente tiene razón
pues fue sorpresivo el súbito desplazamiento del voto nulo en primera vuelta (alentado
por Evo Morales) al voto por Paz/Lara en segunda vuelta de las elecciones de
2025. A los 6 meses del gobierno de Paz Pereira, improvisado con operadores
políticos y economistas del candidato perdedor en primera vuelta, los mismos
sectores populares del occidente que votaron por la dupla populista se
movilizaron para pedir ahora sí, sin tapujos, su renuncia a la presidencia del
Estado.
La perdida,
si no de legitimidad de origen, de credibilidad ante su propio electorado es
algo que, en países democráticos, implica la posibilidad de ser dispensado del
cargo a través de nuevas elecciones, en los tiempos constitucionales previstos,
que permitan darles un voto castigo a los políticos que incumplen sus
plataformas electorales. Pero en nuestro caso, pareciera que la ruptura de un
pacto no escrito con esos sectores que habrían depositado su voto a favor del
presidente Paz la perciben los sectores agraviados como una traición a promesas
electorales en favor suyo y que sólo puede ser castigada con la renuncia
obligada y el retorno a un momento previo electoral. Esta movilización
sediciosa pidiendo la renuncia de Paz con bloqueos de carreteras y un cerco radical
a la ciudad de La Paz se explicaría aparentemente por la nostalgia que sienten
los campesinos indígenas del altiplano por los años de bonanza durante los
gobiernos de Evo Morales, obviando el hecho de que las condiciones para esa
bonanza fueron mayormente producto de los anteriores gobiernos neoliberales y
del auge de las commodities, particularmente del gas natural exportado a Brasil
y Argentina.
Los
sectores movilizados y algunos segmentos de la sociedad que apoyan la petición
de los que bloquean los caminos e ingresos a la ciudad de La Paz no se dan
cuenta (o se dan perfecta cuenta) que están apoyando una posición
antidemocrática, incluso golpista por la violencia que ha acompañado esta
movilización desde un inicio (aparte de los bloqueos en sí mismos que impiden
el ingreso de abastecimientos básicos para una población citadina desprovista
de medios de subsistencia propios –y cuyo sustento depende de su día a día
económico hoy casi paralizado–), por las muestras de violencia verbal y física
de que hacen gala los movilizados durante estas jornadas violentas de mayo con insuficiente
contención policial, por muy justificados que puedan ser los reclamos de muchos
afectados por la mala gestión del gobierno en la provisión de combustibles
(gasolina “basura”, escasez de diésel) o por muy humilde que pueda parecer la
condición social de los campesinos movilizados y entendibles los agravios de
los pobres del campo y las ciudades.
Pacto
civilizatorio
Pero no
pretendo minimizar la gravedad del asunto en esta percepción de un “pacto roto”
entre el presidente boliviano y los campesinos aymaras. En los antecedentes
históricos de la sociedad boliviana, la cuestión del pacto, tregua o acuerdo
societal entre sectores heterogéneos de nuestra nacionalidad ha sido siempre un
asunto de capital importancia, aunque no siempre explícito.
Según el
antropólogo bolivianista Tristan Platt, las relaciones asimétricas entre ayllu
andino y Estado boliviano confluyeron, hacia mediados del siglo XIX, en un implícito
“pacto de reciprocidad” entre ambos, un equilibrio sociopolítico precario, pero
no por ello menos crucial para nuestra historia, en el marco de relaciones de
dominación colonial entre unas minorías blanco mestizas y las mayorías
indígenas que se prolongó hasta bien entrado el periodo republicano en nuestro
país. Sin entrar en pormenores, se podía concluir de su estudio sobre los
ayllus de Chayanta del norte de Potosí que la percepción indígena de un pacto implícito
por el cual el Estado colonial o republicano se comprometía a respetar el
acceso a la tierra comunitaria de los ayllus y comunidades indígenas, en
reciprocidad por la debida recolección del tributo indígena por parte de los
kuraqas de ayllu en favor del fisco. Más aún, ese entendimiento mutuo había
posibilitado el auge de la producción mercantil de cereales de los ayllus a
mediados del siglo XIX y el crecimiento de una economía regional que rebasó
incluso las fronteras nacionales antes de que las políticas librecambistas y
liberales lo desconocieran décadas más tarde.
Otras
investigaciones históricas sugieren asimismo que similares pactos o treguas
entre enclaves de colonización hispano dominante y pueblos indígenas se dieron
también en otras latitudes del país en los siglos XVII y XVIII; un ejemplo
emblemático de aquellas “treguas” coloniales fueron los “pactos reduccionales”
de las misiones jesuíticas en tierras bajas de Bolivia. Sin duda, estos pactos
civilizatorios fueron precarios y temporales, siempre amenazados por el
desconocimiento unilateral de una de las partes, que derivaba en largos
períodos de inestabilidad y hostilidad. Esta ruptura y ausencia de un pacto
societal caracterizó las relaciones del Estado boliviano con las comunidades
indígenas, muchas de las cuales se vieron despojadas de sus prácticas
culturales y tierras comunales desde mediados o fines del siglo XIX.
La
reforma agraria como restitución del pacto social
Por lo que
se sabe, la restitución de un pacto de convivencia pacífica que disminuyera las
relaciones hostiles entre unas minorías blancoides y las mayorías indígenas tardó
en concretarse muchas décadas y años en que ocurrieron varias revueltas y
masacres indígenas en tierras altas. Saltando en el tiempo, sabemos que la
revolución de 1952 cambió drásticamente las relaciones de propiedad en el
altiplano y los valles, con todas sus consecuencias económicas y sociales. Lo
que no siempre se considera es que la Reforma Agraria del MNR, al legalizar la
redistribución de la tierra entre los campesinos del altiplano y los valles, también
implicó un nuevo tipo de pacto social entre el campesinado indígena y el Estado
de 1952, aunque el período revolucionario de las reformas MNRistas tampoco
estuvo exento de violencia exaltada en la toma de haciendas y ajuste de cuentas
con los patrones que se vieron obligados a emigrar a las ciudades.
Sin
embargo, a pesar de la exacerbación de la violencia política y estatal en
varios momentos del acontecer político durante los regímenes civiles y
militares en la segunda mitad del siglo XX, las relaciones entre las clases
medias blanco mestizas de las ciudades y los campesinos indígenas de tierras
altas estuvieron signadas por ese marco de convivencia acordado tácitamente a
través de las reformas de la revolución del ’52.
Casi medio
siglo después, cuando se inauguraba el nuevo milenio este marco se volvió a
romper. Se puede identificar quizás a la “guerra del agua” que estalló en
Cochabamba el 2000 como el punto de quiebre provocado por la intensificación de
la agenda privatizadora global de los 1990, a la que siguió un quinquenio de
inestabilidad crónica con bloqueos de carreteras y ciudades sitiadas que provocaron
la caída de 2 presidentes sucesivos, en medio de la llamada “guerra del gas”
con los conflictos más violentos registrados desde los golpes de Estado militares
de los 1970 y 1980.
La
oportunidad perdida de nuevo “contrato social”
Finalmente,
como respuesta a la crisis política del 2003 que se prolongó hasta unas nuevas
elecciones en 2005, asumió el poder Evo Morales a la cabeza de una poderosa
coalición de organizaciones sociales populares bajo la sigla del MAS, con las
cuales gobernó del 2006 al 2019. Aunque la hora de un gobierno que representara
a los sectores populares indígenas aparentemente había llegado, ello no obviaba
la necesidad de restituir un pacto de convivencia obligada con las élites criollas
que habían gobernado hasta entonces con el respaldo de las minorías blanco mestizas
de las ciudades y pueblos. El escenario ideal para ello pudo haber sido la
Asamblea Constituyente de 2006-07 si no fuera porque ésta fue más bien
instrumentalizada como estrategia para consolidar el poder del MAS e impedir el
retorno al poder de las clases medias tradicionales que habían sido desalojadas
del palacio de gobierno en 2006.
La prueba
de que la Constitución aprobada en 2009, aunque negociada con la oposición
política fuera del marco de la Asamblea Constituyente, no llegó a representar
un verdadero pacto o contrato social fue el desconocimiento descarado del
referendo 21F de 2016 por parte de Evo Morales, con el argumento de que las
“organizaciones sociales” habían decidido desestimar el triunfo del NO en el referendo
constitucional y buscar la habilitación de Morales por vías alternativas, entre
ellas el recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional que terminó
reivindicando el supuesto “derecho humano” de la dupla Morales/García a
postularse para un cuarto período de gobierno.
Se puede considerar,
retrospectivamente, que esta maniobra de las organizaciones sociales oficialistas
(CONALCAM) para obviar el precepto constitucional que impone límites a la
reelección presidencial pudo imponerse, a pesar de la resistencia movilizada de
la ciudadanía que defendió el 21F, debido a que la Constitución del 2009 nunca representó
para ellas un nuevo pacto societal entre las dos mitades aparentemente heterogéneas
y antagónicas de la sociedad boliviana.
El
abismo de la violencia identitaria y la consigna de “guerra civil”
De
cualquier manera, 20 años después de esa oportunidad perdida reaparece la
percepción de un “pacto roto” no precisamente entre “las 2 Bolivias” como postulaba
Felipe Quispe, el mallku aymara y secretario ejecutivo de la CSUTCB en 2003, sino
entre el titular del poder político elegido en noviembre 2025 y los sectores campesinos
que lo habrían votado en base a sus promesas electorales y ahora piden su
renuncia debido a una presunta traición al pacto caudillista.
El
conflicto actual con marchas y bloqueos de “ponchos rojos” de provincias
paceñas, sindicatos campesinos y comunidades aymaras (Federación Tupak Katari) a
la sede de gobierno durante más de 3 semanas, y la crisis política que se ha
desbordado por la debilidad de un gobierno acorralado por una creciente ingobernabilidad
y el colapso de las finanzas públicas –y que para compensarla se ha alineado prontamente
con los designios hemisféricos del trumpismo y la agenda extractivista del
agropoder en el oriente boliviano– hace patente de manera dramática la ausencia
de ese pacto societal que, en ciertos momentos de nuestra historia, nuestros antepasados
supieron establecer a pesar de las asimetrías de poder que caracterizaban las
relaciones de dominación en las que se encontraban inmersos.
Es
importante reconocer, sin embargo, que los actuales niveles de conflictividad política
y étnico cultural tienen su origen más inmediato en el desconocimiento de la
Constitución por parte de las propias organizaciones sociales y sindicales que la
habían promovido. Es evidente además que si bien estas organizaciones corporativas
tenían antaño cierta legitimidad de representación de los sectores populares, al
presente muchas de estas organizaciones se
han corrompido, están divididas y sus capas dirigenciales pugnan ferozmente por
el liderazgo imponiendo a las comunidades rurales la obligatoriedad de los
bloqueos (mediante multas y amenazas a los comunarios por parte de las dirigencias
sindicales que se parecen demasiado a las prácticas violentas de las mafias)
todo con tal de recuperar su acceso prebendal a las estructuras estatales en
las que hasta hace poco tenían cuotas de poder y privilegios. Por ello mismo, la
polarización que se alienta en las redes sociales al criminalizar en bloque a
los manifestantes como “masistas”, “delincuentes” o “vándalos” es contraproducente
por simplificadora y porque impide el diálogo con las bases.
Otros actores
que se movilizan para pedir la renuncia del presidente Paz Pereira son los adherentes
a Evo Morales en varias regiones del país, particularmente en Cochabamba, que
pretenden recuperar el poder perdido en 2019 a través de nuevas elecciones “en
90 días” en las que buscarían que Morales sea habilitado para postularse de
nuevo. En este caso, la crisis política en Bolivia tiene ribetes geopolíticos y
del crimen organizado al sospecharse que las movilizaciones de los evistas y
otros grupos están presuntamente financiadas por el narcotráfico, por el obvio
interés de los carteles de drogas y sus capos en preservar las redes de
protección existentes en el aparato estatal boliviano a través de gobiernos más
amigables con las actividades ilícitas. Por otro lado, el expresidente autoconfinado
en el Chapare, para evitar ser detenido con mandamientos de aprehensión por delitos
de estupro y trata/tráfico de menores, sigue recibiendo el apoyo de los
gobiernos populistas de izquierda desde sus mismos presidentes, como Petro y
Sheinbaum, y el respaldo mediático de plataformas digitales del progresismo internacional
que aún defienden a los regímenes del populismo de izquierda autoritaria.
Aunque ni
la sombra de la poderosa confederación laboral que otrora fue, también la
Central Obrera Boliviana (COB), que aglutina a las organizaciones sindicales
del reducido sector formal de la economía boliviana y apoyó a los gobiernos del
MAS hasta hace poco, se ha sumado a las movilizaciones populares que pretenden
la caída del gobierno mediante bloqueos criminales y violentos que ya han
provocado muertes de personas que no pudieron ser auxiliadas oportunamente,
además de enormes daños materiales y económicos. A pesar de los desmanes y la
violencia ejercida por movilizados y bloqueadores, estos son aplaudidos por algunos
ideólogos nostálgicos de la “revolución socialista” o que sueñan con la
recomposición del llamado “bloque popular”; paralelamente y como era de
esperarse, las movilizaciones campesinas son defendidas también por algunos
creyentes fundamentalistas en la utopía del retorno al “vivir bien” de los
pueblos originarios y las sociedades diárquicas de los Andes.
Pero lo más
inquietante del sitio a La Paz por los indígenas altiplánicos es la reiteración
de la consigna de “guerra civil” que nos retrotraen a los días de la caída de Evo Morales en noviembre de 2019,
así como de las arengas a la unidad en base a la identidad étnico cultural de los
sublevados, entre ellos los “ponchos rojos” de algunas provincias aymaras de La
Paz que son muy representativos de esos segmentos de la población nativa que
miran con odio a los “foráneos” –aquellos bolivianos que tienen apellidos de
inmigrantes extranjeros no importa de qué generación anterior–. Se trata de un
sentimiento que, bien mirado, es equivalente al odio a los inmigrantes de los
que se consideran nativos del lugar en otras latitudes de América y Europa. Tampoco
muy distinto, sin embargo, de los sentimientos de desprecio racial hacia los
inmigrantes indígenas que expresan algunos segmentos de la población mestiza en
las ciudades, ¡particularmente los de última generación en venirse del campo! (y
especialmente a través de las redes sociales de TikTok y otras plataformas que refuerzan
los discursos de odio y los memes denigrando a los otros).
Por todo
este panorama complicado que se ha prolongado demasiado sin resolución alguna, creemos
que es tarde para pretender ahora lograr acuerdos o pactos sociales de gran
alcance más allá de los instituidos en la propia Constitución; a lo más que
podemos aspirar en las actuales circunstancias de encono visceral y amenaza de
un desborde de la violencia anárquica entre bolivianos –debido a la falta de decisión
oportuna de un gobierno débil y acorralado– es abogar por el surgimiento de
iniciativas de pacificación que logren al menos una tregua social que permita
desbloquear el porvenir inmediato de nuestra perenne conflictividad
étnico-cultural.
*Publicado el 28 mayo 2026 en Sumando Voces Bolivia: https://sumandovoces.com.bo/clamor-por-una-tregua-social-a-los-bloqueos-de-caminos-en-bolivia/
**El autor es traductor, editor y divulgador en redes sociales de La Paz (Bolivia) del pensamiento e ideas de Iván Illich, Hannah Arendt, Fernando Mires, entre otros autores.




