De la discriminación política a la exclusión populista

por Hernando Calla*

La aspiración al poder total siempre implica –aparte de su desmesura utópica– la destrucción de la pluralidad. (Hannah Arendt, 1958) 

Lo tradicional era sentirnos discriminados por el color de la piel, nuestra condición socioeconómica o no portar el carnet (del partido de turno) correspondiente. A lo primero lo llamamos racismo, lo segundo es corriente en sociedades clasistas como las latinoamericanas, pero lo tercero se agudiza en algunos países que han caído bajo regímenes populistas con ambiciones totalitarias como el nuestro, Nicaragua o Venezuela (donde ahora será necesario portar el "carnet de la patria" hasta ¡para poder comer!) 

El giro de tuerca que han experimentado nuestras sociedades en los últimos 20 años transformó el clientelismo de los gobiernos para favorecer a sus partidarios en algo más que la discriminación tradicional. Esta última ha mutado en una estigmatización ideológica que todo lo justifica con la pretensión de los gobernantes de ser los únicos representantes del “pueblo”, y la correspondiente exclusión de los otros (q’aras, ladinos, escuálidos) como “no pueblo” descartable. En la cúspide del poder ejecutivo que emanaría del pueblo, se alza el Jefazo (o el Comandante) como la primera y única autoridad sobre todos los poderes del Estado. 

En nuestro país, mi papá relataba que ya en la época del MNR era necesario contar con el carnet del partido para poder mantener el puesto laboral en las empresas estatales. Pero incluso en épocas más recientes, aún las “neoliberales”, la condición para acceder a un empleo público en algunas reparticiones “públicas”, tanto a nivel central como local, no sólo era la militancia partidaria sino sobre todo estar dispuesto al descuento de un aporte “voluntario” al partido de turno. 

Cuando soplaron los vientos de cambio en otra dirección, algunos pensaron que las cosas iban a cambiar y que el “cuoteo” político partidario de la administración pública sería pronto un mal recuerdo del pasado. Al contrario, la discriminación política se profundizó a todo nivel (nacional y subnacional) y se hizo más secante que nunca. Antes un empleado público podía rehusarse a dar su aporte al partido y contar con que su trabajo fuera lo suficientemente valorado en sí mismo como para evitar la pérdida del empleo; hoy los testimonios indican que hasta los técnicos indispensables se van si no se someten a los instructivos de la autoridad. 

En estos tiempos de caída abrupta en la popularidad del presidente Evo Morales, los empleados de los ministerios o los técnicos de las dependencias paraestatales (o incluso municipales) se han convertido en peones gratuitos en función de las estrategias de la cúpula gobernante para perpetuarse en el poder. No hace mucho, se los obligó a movilizarse con sus propios recursos hasta Cochabamba para mostrar un supuesto respaldo popular a la repostulación de Evo para el período 2020-2025. En marzo, también tuvieron que desplazarse desde muy temprano al altiplano para el “banderazo”, como parte de la estrategia de apoyo a la demanda marítima en La Haya. 

El nivel de instrumentalización del aparato estatal y subordinación de los empleados públicos en función de los intereses del partido gobernante es tal que difícilmente puede ser explicado como la discriminación política de siempre. Ya no opera en función del tradicional acomodo de correligionarios o ahijados políticos en los puestos públicos apetecidos desde mucho antes, sino que adquiere rasgos punitivos contra aquellos percibidos como opositores o infiltrados (“chupatetillas”, según Evo) a los que se margina sin reparos del empleo en la administración pública e incluso en ámbitos privados pro o paraestatales. 

Por otro lado, la discriminación política actual asume los rasgos de un chantaje del poder político a sus propios mandantes originarios. En momentos electorales, se ha escuchado a García Linera amenazar a comunidades originarias con cortarles el financiamiento de obras municipales si el MAS perdía las elecciones en su municipio. 

Al chantaje de los propios, corresponde la exclusión de los ajenos. En el caso de periodistas y medios independientes, se procede a la asfixia económica a través de una asignación discriminadora de la pauta publicitaria. Seguidamente la discriminación se vuelve persecución política a los recalcitrantes que desconocen la pretendida lealtad que le deberían todos a la verdad oficial sancionada por la autoridad correspondiente y difundida por los medios convencionales (aquella no contaminada por “las mentiras de la oposición” difundidas por los periodistas que “le hacen juego a la derecha y el imperio”). 

En todos estos casos, la discriminación política tradicional ya no contiene. Se ha convertido en algo aún más excluyente del populismo encaramado en el poder. Según estudios de teoría política recientes, el populismo puede ser caracterizado como la pretensión de unos cuantos de ser “ellos y sólo ellos, los únicos representantes del pueblo y de que sólo aquellos sectores populares que los respaldan son propiamente el pueblo" (Jan-Werner Müller, 2016). Esto es lo que pretenden los actuales gobernantes y sus “movimientos sociales”, el único pueblo que cuenta es aquel que respalda sus pretensiones de quedarse indefinidamente en el poder. 

Si para ello tienen que desconocer los resultados del referendo 21F, pues no dudan en hacerlo obedeciendo la supuesta voluntad del pueblo “verdadero” (aquel no engañado por “la mentira” opositora que indujo al voto por el NO). Ya no es más la discriminación política “normal” de aquellos que no votaban por el partido gobernante, lo que hay ahora es la exclusión masista del voto ciudadano mayoritario a como dé lugar (sea por un fallo del TCP o cualquier otro dispositivo judicial o extrajudicial). Sin importar que ello implique la negación de la pluralidad política, el desconocimiento de las garantías constitucionales, la paulatina destrucción de la institucionalidad pública aún vigente, el descrédito mayor del poder judicial y, finalmente, la destrucción de la democracia en aras de la supervivencia del autócrata como único representante del "pueblo". 

* El autor es editor/traductor independiente.

Publicado originalmente  el 3/6/2018 en Rimay Pampa por Tonny López

La democracia: ¿gobierno de la mayoría o de la ley?

por Hernando Calla* Una versión que está circulando con fuerza es concebir la democracia como “sometimiento de las minorías a la mayoría”, a partir de la interpretación del impasse en la Asamblea Constituyente en noviembre de 2007 respecto a que “la mayoría no podía quedar de rehén de las minorías” (lo que supuestamente justificó que una mayoría absoluta hubiese tenido que imponerse por la fuerza) y que en octubre de 2008 ofreció una posibilidad de racionalizar la marcha de los movimientos sociales como una justa presión al Congreso para que apruebe la ley de convocatoria al referéndum por la nueva Constitución. Por contraposición, algunos opositores y analistas suscribirían sin mayores reparos que “[l]a clave de la democracia está en las instituciones y los procedimientos, es decir, en el cumplimiento de la ley”. (Editorial Pulso 5/10/08). De modo que si el proyecto de Constitución consensuado “democráticamente” el 20 de octubre en el Congreso – es decir, respetando los procedimientos establecidos – es refrendado mayoritariamente en enero de 2009 no podría haber ningún reparo respecto a la validez “democrática” de dicha Constitución (a menos que se insista en que no se respetaron dichos procedimientos). Lo cual nos lleva a cuestionar la pertinencia de las concepciones sustantivas de la democracia (el “gobierno del pueblo” o el “gobierno de la ley”) que impiden comprender el verdadero carácter formal de la democracia representativa. Pero aquí habría que evitar, otra vez, quedarnos en el formalismo de la ley – los procedimientos legales – sin entender que estamos ante todo frente a una determinada forma de gobierno basada en ciertos principios básicos que muchos autores se han ocupado de dilucidar ampliamente pero que se pueden resumir en los siguientes: a) la limitación de los poderes del Estado de modo que no puedan infringir el ámbito de libertades elementales de los ciudadanos; b) la separación de estos órganos del poder estatal evitando la tentación de los gobiernos de unificar las funciones de legislador, magistrado (ejecutivo) y juez en una sola instancia presuntamente soberana; y c) la división entre Estado y sociedad, siendo el primero la instancia formal que representa, ejecuta y sanciona la igualdad de los sujetos ante la ley, y la segunda el lugar simbólico de recreación permanente de la distinción social entre individuos y de las diferencias sociales entre grupos o clases que conforman la nación. Más que la división tradicional entre gobernantes y gobernados, lo importante es la línea divisoria entre sociedad y Estado, entre la sociedad fragmentada en múltiples divisiones regionales, distinciones sociales, diferencias culturales o intereses particulares y aquella instancia –el Estado– que idealmente las trasciende al representar la unidad política de la sociedad en su conjunto; cuando el Estado niega esta línea divisoria pretendiendo incorporar en la sociedad los supuestos intereses “estratégicos” del Estado creando ya sea organizaciones sociales paraestatales o bien empresas estatales paraprivadas, la democracia deja de ser el rasgo distintivo de dicho Estado corporativo o populista; lo mismo, cuando la sociedad civil niega legitimidad a esta división o a su distancia simbólica respecto del Estado, pretendiendo la repartija de la administración pública en función del poder de los movimientos sociales o del peso de ciertas instituciones estatales (como las FFAA), entonces, la democracia se corrompe en un Estado clientelista que pierde la noción del bien común. Todo este conjunto de limitaciones que la democracia se auto-impone en cuanto al alcance del poder estatal, a la separación de poderes y a la división Estado–sociedad, se traduce en un reconocimiento de la autonomía de los ámbitos del saber (y la información), del poder y del derecho, ninguno de los cuales puede pretender subordinar a los otros sin que la democracia degenere en alguna variante del autoritarismo o los fundamentalismos. Y el resguardo para evitar esta involución de la democracia en sus opuestos antipolíticos es el predominio de una cultura democrática de respeto a los fallos de los tribunales de justicia y, sobre todo, de un Tribunal Constitucional que asegure la vigencia de un nivel meta-social, por encima incluso de los órganos del poder del Estado y del poder de las organizaciones de la sociedad civil, al cual se recurre extraordinariamente en caso de conflictos de interpretación de las leyes o demandas de inconstitucionalidad de las mismas. Convendría escuchar las voces autorizadas de quienes han pensado esta temática con suficiente profundidad o radicalidad para comprender que la democracia es el régimen de la autolimitación (Cornelius Castoriadis); inaugura una historia en la que los hombres realizan la prueba de una indeterminación última, en cuanto al fundamento del poder, de la ley y del saber (Claude Lefort); es ese margen impolítico que no sueña utópicas conclusiones: la unidad, la inmanencia, la transparencia (Roberto Esposito); y se resiste al cumplimiento totalitario de sus propios mitos: la comunidad, la igualdad, la ley. *Publicado originalmente en la revista Pulso, La Paz, 15 de enero de 2009

¿QUÉ ES EL POPULISMO?

por JAN-WERNER MÜLLER, 

En este análisis innovador, Jan-Werner Müller sostiene que en el meollo del populismo hay un rechazo del pluralismo. Los populistas siempre pretenderán que ellos, y sólo ellos, representan al pueblo y sus auténticos intereses. Müller muestra también que, a contrapelo de las ideas convencionales, los populistas pueden llegar a gobernar en base a su pretensión de tener la exclusiva representación moral del pueblo: si los populistas obtienen suficiente poder, terminarán creando un Estado autoritario que excluya a todos aquellos que no se considera formen parte del “pueblo” propiamente dicho. El libro propone algunas estrategias concretas para que los demócratas liberales tengan una mejor chance de lidiar con los populistas y, sobre todo, puedan refutar sus pretensiones excluyentes de expresar a “la mayoría silenciosa” o “el pueblo verdadero”.

Donald Trump, Silvio Berlusconi, Marine Le Pen, Hugo Chávez —los populistas dan mucho que hablar en todo el mundo—. ¿Pero qué es precisamente el populismo? ¿Deberíamos llamar populista a cualquiera que critique a Wall Street o Washington? ¿Cuál es precisamente la diferencia entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda? ¿Es el populismo la fuerza que acerca el gobierno al pueblo o es una amenaza a la democracia? ¿Quiénes son finalmente “el pueblo” y quién puede hablar en su nombre? Nunca antes estas preguntas han sido tan apremiantes.

Con un análisis claro, comprensible y provocador, “¿Qué es el populismo?” se apoya en la historia contemporánea y extrae ejemplos de América Latina, Europa y Estados Unidos para definir las características del populismo y las causas más profundas de sus triunfos electorales en estos tiempos.

“Aparte de estas características –las que sin embargo se explican nuevamente por las pretensiones moralistas que subyacen al populismo– hay un objetivo más mundano que las constituciones podrían lograr para los populistas: pueden ayudarles a mantener el poder. Por supuesto, se podría decir que incluso este objetivo tiene aún una dimensión moral relacionada con la imaginación populista subyacente: siendo los únicos representantes legítimos del pueblo, los populistas ‘deberían’ quedarse en el gobierno a perpetuidad. Y si el propósito se vuelve la preservación del poder, entonces hay también la posibilidad de que los populistas traten a la constitución como una simple fachada, mientras se manejan de manera muy diferente detrás de la misma. Quizás estén dispuestos incluso a sacrificar su propia constitución si ya no les es útil para ese propósito. A este respecto el ejemplo apropiado son los jacobinos. Como lo ha mostrado Dan Edelstein, su preocupación tenía mucho menos que ver con la expresión fiel de la voluntad general de lo que los historiadores se han inclinado a asumir. Los jacobinos se preocupaban sobre las corrupciones de la voluntad general y situaron su esperanza en la realización de una forma de derecho natural enteramente independiente de las voluntades reales (y debilidades concomitantes) del pueblo. Cuando su propia constitución –y las elecciones que facultaba– amenazaban con sacar a los jacobinos del poder, éstos no dudaron en suspender de hecho la constitución y desatar el terror en contra de aquellos considerados ‘hors la loi’ [fuera de la ley]”. (p. 63-4)

SIETE TESIS SOBRE EL POPULISMO por Jan-Werner Müller^*

1. El populismo no es ni la cara auténtica de la moderna política democrática ni una suerte de patología ocasionada por ciudadanos irracionales. Es la sombra permanente que acompaña a la política representativa. Siempre existe la posibilidad de que un actor hable a nombre del “verdadero pueblo” como una forma de enfrentar a las élites de poder vigentes. No existía el populismo en la antigua Grecia; tal vez demagogia, pero no populismo, puesto que este último sólo surge en los sistemas representativos. Los populistas no están en contra del principio de representación; insisten únicamente que sólo ellos son los representantes legítimos.

2. No todo aquel que critica a las élites es populista. Aparte de ser antielitistas, los populistas son antipluralistas. Pretenden que son ellos y únicamente ellos quienes representan al pueblo. Todos los otros contendores políticos son esencialmente ilegítimos, y todos aquellos que no los respaldan no son propiamente parte del pueblo. Cuando están en la oposición, los populistas insisten necesariamente en que las élites son inmorales, mientras que el pueblo es una entidad moral cuya voluntad homogénea es incapaz de equivocarse.

3. Con frecuencia puede parecer que los populistas pretenden representar el bien común tal como lo desea el pueblo. Si se mira más de cerca, resulta que lo importante para los populistas es menos el producto de un genuino proceso de formación de la voluntad [colectiva] o un bien común que cualquiera con sentido común puede averiguar, y más bien una representación simbólica del “pueblo verdadero” del cual se puede deducir la política adecuada. Esto vuelve a la posición política de un populista en inmune a la refutación empírica. Los populistas siempre pueden recurrir al “verdadero pueblo” o la “mayoría silenciosa” como opuestos a los representantes elegidos y los resultados oficiales de una votación.

4. Mientras que los populistas convocan a menudo a referendos, tales ejercicios no implican el inicio de procesos abiertos de formación de una voluntad democrática entre los ciudadanos. Los populistas simplemente quieren que se los confirme en lo que ellos han determinado de antemano sea la voluntad del pueblo auténtico. El populismo no es una ruta hacia una participación ampliada en la política.

5. Los populistas pueden gobernar; y ellos probablemente lo harán en correspondencia con su adhesión básica a la idea de que sólo ellos representan al pueblo. En concreto, se abocarán a ocupar el Estado, promover el clientelismo de las bases y la corrupción [de las nueva élites], y la represión de todo lo que represente una sociedad civil crítica. Estas prácticas encuentran una justificación moral explícita en el imaginario político de los populistas quienes pueden así reivindicarlas abiertamente. Los populistas pueden también redactar constituciones; éstas serán constituciones partidarias o “excluyentes” diseñadas para mantener a los populistas en el poder, a nombre de perpetuar una voluntad popular supuestamente originaria y auténtica. Es probable que ellos conduzcan a un serio conflicto constitucional en algún momento o el siguiente.

6. A los populistas hay que criticarlos por lo que son —un verdadero peligro para la democracia (y no únicamente para el “liberalismo”) —. Pero eso no quiere decir que no debamos desafiarlos a un debate político. Hablar con los populistas no es lo mismo que hablar como los populistas. Se puede abordar los problemas que ellos plantean con seriedad sin tener que aceptar las formas en que ellos formulan estos problemas.

7. El populismo no es un remedio a la democracia liberal, como a veces se afirma, en el sentido de que “acerque la política al pueblo” o restituya la soberanía popular. Pero puede servir para poner en claro que hay sectores de la población que efectivamente carecen de representación política (la falta de representación puede ser respecto a intereses o identidad, o ambos). Esto no justifica la pretensión de los populistas de que únicamente los que los respaldan son el verdadero pueblo y de ser ellos los únicos representantes legítimos. El populismo entonces debería obligar a los defensores de la democracia liberal a pensar más exhaustivamente acerca de qué deficiencias de representación podría haber en la actualidad. Debería también obligarlos a abordar algunas cuestiones morales más generales. ¿Cuáles son los criterios de pertenencia al sistema político? ¿Por qué el pluralismo es justamente algo que vale la pena preservar? ¿Y cómo se pueden abordar las preocupaciones de los votantes populistas considerados como ciudadanos libres e iguales, y no como casos patológicos de hombres y mujeres impulsados por la frustración, el rencor y el resentimiento? La esperanza es que este libro haya sugerido al menos algunas respuestas a estas preguntas.

* Traducción (no autorizada) de Hernando Calla; La Paz – Bolivia, 25 mayo 2017

Extractado de Jan-Werner Müller, “What is populism?” [¿Qué es el populismo?]. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016).

Jan-Werner Müller es Profesor de Política en la Universidad de Princeton. Es autor de varios libros, entre los más recientes: “Refutando a la democracia: las ideas políticas en Europa del siglo XX”. Müller escribe con regularidad en el London Review of Books, el Guardian, y el New York Review of Books.

Fuente: http://www.upenn.edu/pennpress/book/15615.html