por
Hernando Calla *
El 28 de diciembre de 1977, un grupo
de mujeres y esposas de mineros que habían sido despedidos o detenidos por
causas político-sindicales iniciaron una huelga de hambre que en pocos días se
convirtió en una onda expansiva que involucró a más de mil huelguistas y, luego
de 21 días de ayuno voluntario, consiguió ampliar la mezquina amnistía navideña
(con la que el Gobierno militar de Banzer pretendía legitimar su convocatoria a
elecciones para el siguiente año) hasta convertirla en una “amnistía general e
irrestricta” -- reconquistando de este
modo las libertades políticas y sindicales en el país -- en beneficio de una
apertura democrática más genuina después de los 7 años de dictadura.
En aquellos tiempos, los partidos
políticos jugaban un rol secundario debido a que la política se disputaba
principalmente entre los dos principales factores de poder entonces vigentes:
el movimiento obrero y las Fuerzas Armadas. Por ello mismo, cualquier acción de
las bases, aún las de tipo meramente reivindicativo, tenía connotaciones
políticas en parte debido a la proscripción oficial de los sindicatos y
partidos.
Ya entonces se podía hablar de un
movimiento popular con una base más amplia que el solo movimiento obrero
organizado en torno a la Central Obrera Boliviana y uno de cuyos componentes
centrales era la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. En
efecto, los campesinos habían roto formalmente su relación clientelista con el
Estado desde el momento en que una nueva generación de líderes kataristas
desconoció a la confederación nacional oficialista a fines de 1977 para
terminar incorporados, unitaria pero diferenciadamente, a la COB como
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
A fines de 1976, se organizó la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia con una composición más
ecuménica y secular que la Comisión Justicia y Paz, la que había realizado una
importante labor de denuncia en la primera época del gobierno banzerista. Esta
organización de defensa de los derechos humanos fue muy importante para la
actuación de aquellos hombres y mujeres solidarias de las Iglesias, entre los
que destacaban el P. Julio Tumiri, P. Gregorio Iriarte, la Hna. Amparo Carvajal
y tantos otros activistas eclesiásticos como Germán Crespo de la Iglesia Metodista o laicos como José Antezana y su
compañera Edith Rodríguez o Leonardo Ríos, o troskystas como Rina Pérez o el Germán Gutiérrez , que se
identificaban con las demandas de
vigencia de las libertades políticas y sindicales suspendidas durante varios
años, y estaban dispuestos a luchar por objetivos políticos concretos, aunque
durante el período la sola mención de la palabra "política" había
sido estigmatizada por el régimen militar.
Fue en el seno de esta organización
que la iniciativa de la huelga de hambre de las mujeres mineras y sus hijos
encontró eco, gracias a la persuasión de Domitila Chungara como dirigente de
las Amas de Casa Mineras para que se les brindase apoyo no sólo moral sino
material, a pesar de las objeciones muy atendibles de varios sectores respecto
a que el momento no era oportuno. Por un lado, militantes de algunos partidos
políticos pensaban que, aunque la amnistía era efectivamente muy restringida,
de todos modos era mejor que nada y el tiempo que distaba hasta las próximas elecciones
ya anunciadas por el régimen (para junio de 1978) permitirían la reorganización del movimiento popular. Por
otro lado, existían objeciones de tipo más puntual como el hecho de que las
universidades estaban cerradas desde la Navidad y que, además, los feriados de
Año Nuevo eran días muertos para las posibilidades de repercusión de la huelga,
y aún de negociación con el gobierno sobre las demandas de las mujeres
huelguistas.
Existieron otros grupos o
instituciones como ser los estudiantes de las universidades públicas, la Unión
de Mujeres de Bolivia o el Taller de Teatro Popular que, al igual que la
Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia que tenía representaciones locales en
varios Departamentos y centros mineros, se plegaron a la huelga oportunamente e
identificaron con la lucha popular y sus demandas de una recuperación plena de
las libertades políticas y sindicales.
Esta convergencia de distintos
actores e iniciativas al interior del movimiento popular fue muy importante
para el logro de los objetivos de la huelga de hambre que básicamente se
resumían en la petición de una "amnistía general e irrestricta" y en
la demanda de reincorporación de los obreros despedidos a sus fuentes de
trabajo. Estos objetivos fueron ampliamente alcanzados con el fin de la huelga
el 17 de enero de 1978 y el triunfo del movimiento huelguístico; como
consecuencia de los acuerdos logrados por los huelguistas, las dirigencias
sindicales recuperaron su posición legítima de representación de los intereses
de sus afiliados, connotados dirigentes políticos como Marcelo Quiroga Santa
Cruz o Hernán Siles Suazo retornaron al país o salieron de la clandestinidad y,
poco tiempo después, se evidenció la desmilitarización de los distritos
mineros.
Si bien es cierto que durante todo
este proceso el movimiento popular se encontraba enfrentado con el Estado en su
expresión más represiva, las Fuerzas Armadas, tal enfrentamiento no implicaba
la negación radical de dicho Estado sino su democratización, es decir, el
repliegue de las Fuerzas Armadas a sus funciones específicas y la restitución
de la democracia representativa como estructura de mediación política entre los
sujetos sociales y el Estado.
A diferencia de lo ocurrido en otros
momentos de la historia del país, la democracia representativa pasa a formar
parte, en esta coyuntura, del acervo cultural del movimiento popular. Como lo
planteara elocuentemente René Zavaleta, esto se manifestó con fuerza en
noviembre de 1979 en ocasión del sangriento golpe militar encabezado por el
general Natusch Busch junto a prominentes figuras del MNR, cuando las masas
salen a las calles y caminos a enfrentarse desarmados con los tanques y aviones
de los militares, los cuales llegaron a provocar cerca de 200 muertos según un
documento testimonial publicado por la Asamblea de Derechos Humanos.
La asonada sangrienta terminó siendo
derrotada luego de 16 días de enfrentamientos y negociaciones, en las cuales la
cúpula de la COB descartó el ofrecimiento de Natusch para cogobernar con los
golpistas y exigió la restitución del proceso democrático, lo que finalmente
desemboca en la elección de Lidia Gueiler como Mandataria (la restitución del
Walter Guevara como Presidente fue vetada por los militares), en cuyo corto
período su gobierno tuvo el dudoso privilegio de sufrir uno de los primeros
bloqueos campesinos en el Altiplano que son ahora característicos del conflicto
social en el país. En este período también ocurrieron los horrendos atentados y
asesinatos políticos de dirigentes de la Unidad Democrática y Popular, el
director del semanario Aquí, Luis Espinal y, posteriormente, el líder del
Partido Socialista Uno, Marcelo Quiroga Santa Cruz, junto a otros dirigentes
políticos y sindicales.
Aunque derrotada la asonada militar
de 1979, el país tuvo que enfrentar un nuevo golpe militar encabezado por el
general Luis García Meza en julio de 1980, el cual esta vez tuvo éxito en
descabezar rápidamente la resistencia organizada de la COB y los otros actores
de la sociedad civil que habían conformado el Comité para la Defensa de la
Democracia (CONADE), llegando a controlar rápidamente -- mediante una violencia
selectiva, monitoreada por asesores argentinos y militares golpistas -- la
situación política interna, a pesar del repudio y aislamiento internacional.
De esta manera, el movimiento democrático
por los derechos civiles y humanos que había logrado la apertura democrática
del período 1978 – 1980 llegó a su fin,
siendo liquidado por los miembros más extremistas de las Fuerzas Armadas; sin
embargo, a pesar de haber anunciado los golpistas que se quedarían en el poder
por 20 años, los militares tuvieron que replegarse a sus cuarteles y, por la
presión final de una huelga general decretada por la COB, entregar el poder a
los políticos apenas 2 años después.
* Hernando Calla estuvo en el 1er congreso de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el 2do piquete instalado en el periódico Presencia en solidaridad con la huelga de hambre de las mujeres mineras en 1977-78 (Texto inédito escrito en 2003)
