La incertidumbre postelectoral entre el ejercicio del gobierno y el poder “total”

por Jorge Lazarte Rojas

[Compartimos un texto del 2007 de Jorge Lazarte –notable intelectual político boliviano fallecido a fines del año pasado– por su pertinencia actual para recordarnos que las tendencias antidemocráticas identificadas por él en los inicios del gobierno del MAS, lo mismo que la polarización política intrínseca a su proyecto de poder “etnicista”, no han dejado de exacerbarse con el avance del llamado “proceso de cambio” hacia el control de todas las instituciones, apenas interrumpido por el interregno no masista del último año y cuya significación histórica aún está por verse. A continuación, los acápites finales del texto incluido en: Jorge Lazarte R. “Derrumbe de la ‘res-pública’. Los procesos electorales en Bolivia: 2002, 2004 y 2005. La Paz, Plural Editores, 2008]

 

¿Gobernar o mandar? La búsqueda por el control de todo el poder

Otro factor nada desdeñable en la producción de nuevas situaciones de ingobernabilidad es una cierta idea del poder y de gobierno. Como se sabe, en democracia sólo se gana en elecciones el derecho de gobernar, preservando la independencia de los tres poderes del Estado mientras que en el MAS es predominante una cierta idea de gobernar que no tiene mucho que ver con la democracia. En efecto, en varias ocasiones dirigentes del MAS han declarado que sólo ganaron el gobierno y lo que necesitan es el poder y el control de la “totalidad del poder”.[1]

Esta tendencia de controlarlo todo es mucho más que autoritarismo y conduce, como varias experiencias políticas en el pasado lo han demostrado de manera dramática, a absorber a la sociedad desde el poder y esto está en congruencia con la concepción dominante en el MAS de una confusión entre los niveles sociales y políticos de una sociedad, lo que explicaría el empeño en que lo que llaman “movimientos sociales” ocupen el vacío de los partidos y formen parte de las esferas del poder en nombre de lo que también llaman “poder social”.

Desde que el nuevo gobierno se instaló, y aún antes, se ha escuchado repetir que el MAS tiene una nueva idea del gobierno que consiste en “mandar obedeciendo”, que es la fórmula con la que se oponen a una cierta forma de hacer funcionar el poder monopolizado por las élites “tradicionales” y sustituirla por otra en la que de lo que se trataría es de devolver el poder al pueblo. En primer lugar, llama la atención que se use la expresión “mandar”, tan tradicional en la historia del país, y que se use como equivalente o mejor sustituto de gobernar. Mandar está asociado más con la idea de poder que con la idea de gobierno y de autoridad, y que el MAS reproduce creyendo que es una ruptura cuando es una prolongación de un pasado no democrático.

En segundo lugar, al parecer lo que se pretende dar a entender con esa fórmula de “mandar obedeciendo” es que hay que obedecer al pueblo y no a las élites, que sólo habrían obedecido a sus intereses. En los hechos, las cosas pasan de otra manera y esto ha podido observarse en sus relaciones con lo que llaman movimientos sociales respecto de los cuales dicen que tienen un mandato, como se escucha decir todo el tiempo en la Constituyente, en la que no son pocos los que se piensan ser más bien “mandatarios” que representantes. Los movimientos sociales a los cuales dicen obedecer son masistas, lo que quiere decir que los no masistas no son tomados en cuenta cuando se organizan cabildos o asambleas públicas, a las que estos últimos no son invitados, como la Central Obrera Boliviana (COB). Es decir “obedecen” a los que les son afines y que por ser tales, difícilmente van a ofrecer resistencias o producir disidencias. Estas últimas, cuando existen, son simplemente eclipsadas por el mecanismo de aclamación y cuyo resultado se declara aceptado sin verificación alguna, como es corriente en democracia. A ello se suman situaciones en las cuales los dirigentes del MAS tienen tal poder sobre su gente, que se termina aprobando lo que desde arriba se decide como líneas de acción, como ha ocurrido ya tantas veces, y también con los masistas en la AC, lo que está en contradicción con lo proclamado y ha provocado ciertas fisuras internas en las filas del MAS, que no aceptan estas formas de autoritarismo, tan tradicional en la política boliviana. Es decir, que “mandar obedeciendo” termina siendo lo contrario de lo que se quiere dar a entender.

Un gobierno es capacidad de agregación y no simplemente obligación de decidir según las demandas sociales, múltiples, poco estructuradas, no siempre compatibles entre sí o excluyentes. Sin embargo, muchos sectores sociales que apoyan al gobierno creen en la fórmula al pie de la letra y por esta vía crean situaciones de ingobernabilidad, como ha podido constatarse en varios conflictos sociales de los últimos meses,[2] entre ellos los recientes de Cochabamba en los que se ha estimulado la movilización social para imponer la renuncia del Prefecto de oposición, pero que luego se desbordó con los saldos trágicos que se conocen y que obligaron al gobierno a defender por interés propio la legalidad y promover el retorno de los cocaleros al Chapare sin haber logrado el objetivo de la movilización.

Hasta aquí puede constatarse una cierta familiaridad con la ingobernabilidad tradicional, pero si tomamos en cuenta los probables efectos políticos de la propuesta de “refundar” el país, entonces podríamos entrar en un nuevo nivel de alta ingobernabilidad.

Nacionalismo étnico y neoindigenismo

Lo que podríamos llamar nacionalismo étnico está contenido en la propuesta oficial de cambiar el fundamento del Estado y su diseño territorial, que reemplace el considerado racista-liberal por otro que puede llamarse pertinentemente nacionalismo étnico,[3] que hoy es muy fuerte y predominante en el partido de gobierno. En realidad, se trata más que de una reivindicación étnica o social en favor de la mayoría indígena y “originaria” en el país, en un proyecto político fuertemente teñido de neoindigenismo que, por lo menos, fue creciendo en los últimos 15 años, particularmente desde la crisis de abril de 2000.

Ciertamente, es una constatación la diversidad multiétnica y multicultural del país, que la reforma constitucional de 1994 reconoció convirtiendo el hecho en un derecho. Es también un hecho de que en el país el discurso diferencialista[4] es dominante y que la revolución electoral de diciembre de 2005 le ha dado nuevos e insospechados bríos asociados con la Constituyente, que es la apuesta política más importante del MAS para “refundar” el país.

El primer acto del proceso refundacional ha sido forzar la aprobación de una norma sin norma preexistente, que es el Reglamento General de la Asamblea Constituyente, cuyo artículo primero declara el carácter “originario” de la Asamblea.[5] El segundo acto es estatuir en la nueva Constitución Política del Estado el carácter “multinacional” del Estado, convirtiendo a los grupos étnico-culturales en naciones, con todos sus efectos jurídicos y políticos de tal declaración, en la estructura del Estado y en su base territorial, para la cual se han presentado ya propuestas de rediseño territorial sobre bases étnicas. Más allí del propósito buscado de asegurarse el poder por largo tiempo, esta propuesta simplemente no es viable para la otra parte del país, sobre todo del oriente y gran parte de la clase media del occidente, que no se reconoce en este nacionalismo étnico.

Con todo, esta propuesta etnicista, que también está en el centro del anteproyecto de Ley de la Educación Boliviana, parece más ideológica y político-estratégica de la nueva elite originaria con fuerte apoyo de cientistas sociales de clase media ganados por la “etnomanía” en un país muy mestizado,[6] pero que tiene un fuerte impacto en los grupos indígenas de base. Sin embargo, estos grupos de base parecen más inclinados a pensar su situación en términos de acceso a los bienes y símbolos de la modernidad que en “separatismos étnicos”, lo que no es contradictorio con la reivindicación cultural e identitaria y de reconocimiento en los marcos de un nuevo Estado.

Uno de los efectos previsibles, reforzado por la “etnomanía” existente, puede ser convertir las diferencias culturales existentes en divisiones nacionales, que resultarían del derecho a la autodeterminación, como algo distinto de las autonomías funcionales no territoriales, con resultados ya conocidos en otras latitudes e historias de Estados débiles y con grandes fracturas internas. Quizá este sea el factor de mayor riesgo político de ingobernabilidad en el país, con una AC altamente frágil en sus equilibrios internos y fuertemente dominada por una profunda desconfianza entre unos y otros, y cuyos resultados son aún demasiado aleatorios.

Gobierno de las situaciones-límites

En todo este proceso, el gobierno expuso un comportamiento que podríamos llamar de situaciones-límite, que es probablemente consecuencia de su idea de hacer una “revolución democrática”, que en los hechos es más “revolución” que democracia, en la medida en que los cambios que propone no siempre son compatibles con las condiciones mínimas de la democracia, en cuyo caso tiene la tendencia a pasar por encima o defiende una idea de la democracia que no tiene mucho que ver con una cierta idea moderna de democracia pluralista. Estos son los únicos o los más importantes límites de hecho que el gobierno parece reconocer, por encima de los límites legales o lo que implica la idea de la democracia.

O dicho lo mismo en otras palabras, el MAS no se planteó en serio la idea de cómo poner en marcha los cambios que el país necesita respetando los límites de la democracia; al contrario, no son pocos en el gobierno que creen más bien que los términos son antinómicos pues la “revolución” en la que piensan sólo puede alcanzarse con medios no democráticos. Esto los ha puesto muchas veces en situaciones-límite más allí de las cuales sólo queda el enfrentamiento o el vacío de la precipitación. El caso de Huanuni, ya mencionado, es uno de ellos. Más recientemente, lo que ocurrió en Cochabamba o en El Alto.[7]

El cambio de gabinete, al cabo de un año de haberse constituido, siguió de algún modo la misma pauta, pues fue más el resultado de la insostenibilidad pública de varios de los ministros duramente criticados por la opinión pública y también desde las filas del MAS, que de la voluntad de reparar los errores cometidos. Hasta el último momento el Presidente de la República se negó a cambiarlos y tuvo, finalmente, que hacerlo para oxigenar a su gobierno ante la imposibilidad de mantenerlos más tiempo y en un contexto político que se le complicaba por las fracasadas movilizaciones promovidas para derrocar a dos prefectos de oposición.[8]

Con el cambio de gabinete el gobierno volvió a abrirse como en otras ocasiones, proclamando su deseo de dialogar y reiterando que debe cumplirse la ley, una ve que se dio cuenta de que en este tema había desatado fuerzas que terminó no controlando en sus sectores más radicales. Si bien el cambio de gabinete fue recibido con alivio por importantes sectores de la población, fue más porque esos ministros se iban que porque otros llegaban. En medio de todo, quedó intacto el equipo político de Palacio, que es el que ha estado detrás de las decisiones equivocadas.

Igual situación se reproduce con la Asamblea Constituyente, respecto a la cual, y concomitantemente con el cambio de gabinete, empezó a dar signos de que estaba dispuesto a abandonar su exigencia de la “mayoría” absoluta[9] no reconocida por la Ley de Convocatoria para aprobar el proyecto de nueva Constitución Política, una vez que constató que estaba en un callejón sin salida y existía el riesgo de hacerla fracasar, en un momento en que la necesitaba más que nunca para evitar, en el futuro, perder nuevamente el control del Senado de la República ante una alianza de la oposición. Para ello espera que los cambios constitucionales eliminen al Senado y que se produzcan nuevas elecciones generales para “renovar” todos los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial, y viabilice la reelección presidencial.

En estos hechos, como en otros, el gobierno sólo pareció entrar en razón enfrentado a situaciones-límite, lo que es demasiado costoso para cualquier país y para un gobierno como el de Bolivia, muy propenso a esas situaciones de las que se percata sólo cuando ha llegado a ellas y ya es muy difícil volver atrás.

Es decir, una nueva historia ha empezado con un pasado que se cierra, pero con un futuro muy incierto y cargado de riesgos. El proceso enfrentará grandes dificultades a corto y mediano plazo, con un gobierno muy fuerte que quiere cambiarlo todo, no siempre con ideas claras sobre el qué, y sin demasiadas preocupaciones por las formas, sobre todo normativas, reproduciendo prácticas políticas muy ancladas en el pasado y en el presente. Habrá resistencia de los que entiendan que sus intereses serán afectados, junto a sectores medios atemorizados cada vez por lo que entienden [como] amenazas desde el gobierno, pero también existen sectores sociales pobres y los llamados “originarios”, con la sensación de cierta dignidad recuperada y la certeza de que ahora son poder, sentimiento que muchos de ellos amalgamaban con el derecho a imponer una suerte de historia repetida, pero desde el otro lado.

En suma, el porvenir del país, de la Asamblea Constituyente y del gobierno dependerán esencialmente de la resolución del nudo gordiano que tiene dos ataduras. Por un lado, de cómo se maneje la relación de integración entre las “dos Bolivias”, separadas y atravesadas por grandes fracturas históricas. Por el otro, de cómo se compatibilicen los cambios que promueve el gobierno respetando los marcos y los límites de la democracia.

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[1] 136 Ver nota 122 [122 Esto está escrito en la propuesta “Refundar Bolivia”, presentada durante el proceso electoral para la elección de constituyentes, que es la más indigenista de todas las presentadas hasta ahora por el MAS. En la misma línea de pensamiento, pero explicitando lo que se quiere decir con ello en sus consecuencias, diríamos, últimas, una declaración hecha en una provincia aymara de La Paz el 20 de septiembre de 2006 por el vicepresidente García Linera, en función de Presidente interino, desencadenó una ola de críticas y preocupaciones en el país porque no sólo declaró ante una multitud de indígenas que en esa zona había aprendido a “amar y matar”, haciendo referencia a un pasado en el que él se cubría con un poncho rojo para ocultar un fusil FAL bajo el brazo, sino que terminó asegurando que defenderán la revolución con las hondas y los “mauser”, en un proceso en el que sólo habían ganado el gobierno, sino que necesitaban el control de la “totalidad del poder”. En el MAS no solamente existen fuertes corrientes antimodernistas indigenistas, sino también no democráticas, autoritarias y hasta totalitarias.]

[2] 137 Según datos de Roberto Laserna, que desde hace muchos años trabaja sobre conflictos en Bolivia, en una comunicación personal el mes de octubre, el volumen de conflictos mensuales en el gobierno de Evo Morales hasta el mes de agosto de este año es superior, paradójicamente, al de los gobiernos anteriores, excepto al de C. Mesa y Siles Suazo a principios de los años 80 (1982-85), que fueron para Bolivia la etapa del paroxismo de la ingobernabilidad social.

[3] 138 Al respecto, entre muchos otros, puede ser de mucha utilidad el texto de Guy Hermet, Histoire des nations et du nationalisme en Europe, París, Ed. du Seuil, 1996. En este texto se marcan las diferencias entre nacionalismo cívico y nacionalismo étnico a través de una confrontación entre las ideas de Renan y de Herder, que constituyen el hilo conductor de la publicación.

[4] 139 Diríamos que hemos pasado de un discurso tradicional en el que la unidad del país era pensada en términos de uniformidad, a otro discurso en el que la unidad es la suma de las diferencias.

[5] 140 Para más detalles del debate ver el artículo de Jorge Lazarte en Pulso, 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006, Año 9, N° 371, pp. 8 y 9.

[6] 141 Una última encuesta confirma lo que varias otras anteriores verificaron, pero que en el Censo Nacional de 2001 no sale por ausencia de la pregunta, que siete de cada diez bolivianos se declaran mestizos. Ver La Razón, 20 de octubre de 2006.

[7] 142 En el caso de Cochabamba, como ya mencionamos más arriba, alentaron la movilización de los cocaleros hacia la ciudad con el propósito de obligar al Prefecto de oposición a renunciar. Provocaron un enfrentamiento interno, con la clase media de la ciudad también movilizada para “expulsar” a los que la tomaron, y que según el Comandante de la Policía, pudo haber ocasionado una “guerra civil”. El desborde de la movilización creo un escenario para los más radicales que nombraron, de hecho, un nuevo Prefecto. El gobierno, asustado por las derivaciones no esperadas, hizo un viraje radical e instruyó a sus bases retornar a sus lugares de origen sin haber logrado su propósito y con el saldo de dos muertos, una centena de heridos y el incendio de la Prefectura del departamento. En El Alto, ciudad colindante con La Paz, pudo evitarse escenarios similares porque las movilizaciones fracasaron.

[8] 143 Entre los ministros más criticados estaba la ex ministra de Gobierno, responsable del asalto y quema de la Prefectura de Cochabamba, por haber retirado la protección policial luego de haber destituido al Comandante de Policía, que había hecho lo contrario. Horas después el gobierno, luego de haberla apoyado en su decisión, tuvo que retroceder y restituir al Comandante ante amenazas de desacato de las guarniciones de la Policía de ese departamento. El otro fue el ex ministro de Educación, entusiasta con sus propuestas de indigenizar la educación, lo que le creó tensiones con la Conferencia Episcopal y ante cuya presión el gobierno también retrocedió, pero dejando la impresión de no saber a dónde va.

[9] 144 En todo caso, la sorpresiva declaración del Presidente de la República, el 24 de enero de 2007, de aceptar los dos tercios, como dice la Ley, y remitir a una consulta popular los artículos del proyecto de Constitución que no hubieran obtenido ese porcentaje, fue recibida con mucha expectativa después de que esta misma propuesta fue hecha por nosotros a fines de agosto y principios de septiembre. La renuencia de los responsables políticos del gobierno y del MAS le hizo perder tiempo a la Constituyente durante más de cuatro meses, la tensionó hasta hacerla entrar en crisis y ahondó las divisiones en el país. Fueron momentos en los que se empeñaron en hacer creer en su gente de la Constituyente que los 2/3 era “corrupción” y la “mayoría absoluta” transparencia. En el razonamiento de las organizaciones populares propensas al MAS, la cuestión es simple, pues no es admisible que la mayoría sea presa de la minoría. Este razonamiento no toma en cuenta la disposición constitucional y legal, que establece los dos tercios, como es habitual en estos casos. Más aún se alega que si la Asamblea es originaria, entonces no debe estar sometida a ninguna ley y está por encima de ella por ser un “suprapoder”.